Control de constitucionalidad previo, Proyecto de ley Nª 62/98 Senado y 158/98 Cámara de Representantes (Sentencia C-371-00, Expediente: P.E.010)

This case concerned women’s equality in public-sector employment. The court ruled in favor of gender quotas for positions of public power. The plenary of the court reviewed a statutory project regulating the effective participation of women in public institutions by the establishment of gender quotas. A minimum of 30% of the top decision-making positions, among other senior positions in public Colombian institutions, shall be held by women. Sanctions were established for those appointing authorities that would not comply with the rule. Sanctions consisted of a 30-day period suspension and, if non-compliance persisted, destitution from public charges. It was argued that the aim of the project was to ensure genuine and effective equality of opportunities, which was considered a legitimate constitutional end. Nevertheless, the court held that some of the proposed provisions did not comply with the Constitution. For instance, some of the regulated sanctions were considered to be disproportionate. Thus, the court endorsed the Congress to issue the legislation excluding the provisions that were unconstitutional.

Este caso se refería a la igualdad laboral de la mujer en el sector público. La Corte Constitucional consideró constitucional el establecimiento de cuotas de género para los cargos del poder público. La plenaria de la Corte revisó un proyecto de ley que regulaba la participación efectiva de las mujeres en las instituciones públicas mediante el establecimiento de cuotas de género. Al menos el 30% de los cargos directivos y otros altos cargos de las instituciones públicas colombianas, deberán ser ocupados por mujeres. Se establecieron sanciones para aquellas autoridades que no cumplieran con la norma. Las sanciones consistían en la suspensión por un período de 30 días y, de persistir el incumplimiento, la destitución de los cargos públicos. Se argumentó que el objeto del proyecto era garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva, lo que se consideraba un fin constitucional legítimo. Sin embargo, la Corte argumentó que algunas de las disposiciones propuestas no estaban alineadas con la Constitución, por ejemplo, algunas de las sanciones reguladas se consideraron desproporcionadas. De esta manera, el tribunal avaló al Congreso para dictar la legislación excluyendo las disposiciones que fueran inconstitucionales.